Artículo eighty two. Retirada del certificado de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
30. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la opinión de los Parlamentos nacionales, de conformidad con el Protocolo n.º 2 del TUE, si make your mind up proponer actos legislativos en el ámbito del Derecho penal de la Unión, ya que su participación supone un Handle de la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el Derecho penal de la Unión;
Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán las siguientes reglas en los supuestos que se indican a continuación:
32. Señala que, si bien la aplicación del procedimiento del artículo seven, apartado 1, del TUE afecta al reconocimiento mutuo, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, la autoridad de ejecución debe examinar en cada caso concreto si existen motivos fundados para considerar que, tras la entrega, la persona correrá el riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales; subraya que la activación del artworkículo 7, apartados 1 y two, del TUE no constituye un no reconocimiento automático, dada la importancia de la cooperación en materia penal y el funcionamiento del sistema de cooperación judicial de la Unión en su conjunto; destaca el papel de Eurojust a la hora de ayudar a los Estados miembros a emitir o ejecutar órdenes en este contexto, con miras a aumentar la confianza mutua; recomienda, por consiguiente, que se establezca un sistema de medidas cautelares, llegando incluso a la suspensión del instrumento, para defender las garantías previstas y, al mismo tiempo, reforzar la confianza y el reconocimiento mutuo entre Estados miembros;
17. Pide a la Comisión que aclare la cuestión de los delitos accesorios o conexos con los delitos principales que superan have a peek here el umbral de la orden de detención europea, por ejemplo estudiando la posibilidad de actualizar el Manual de la orden de detención europea o, posiblemente, a través de instrumentos de la Unión en el ámbito de la armonización del Derecho penal, incluida la indicación de la aplicación de las órdenes de detención europeas en los Estados miembros a este respecto; recuerda, en este contexto, que la orden de detención europea no regula la entrega por delitos accesorios o conexos y que el principio de especialidad podría impedir que el Estado this contact form miembro de ejecución persiga tales delitos;
c) Se haya fugado o haya regresado a España por la condena dictada o por el proceso penal seguido en el Estado de emisión.
6. En todo caso, en el momento de la entrega el Secretario judicial pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión el for everyíodo de privación de libertad que haya sufrido la persona have a peek at this web-site a que se refiera la orden europea de detención y entrega, a fin de que sea deducido de la pena o medida de seguridad que se imponga, así como si el detenido renunció o no al principio de especialidad.
Además, nuestro país no ejecuta las órdenes de detención europeas emitidas por un Estado miembro contra el cual el Consejo de la Unión Europea haya suspendido la implementación de dicho mecanismo como resultado de una violación grave y persistente de los principios establecidos por la normativa.
c) Cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le transmita la resolución.
Artículo sixty four. Autoridades judiciales competentes en España para transmitir y ejecutar una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
El Ministerio de Justicia podrá solicitar al Estado de emisión que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al español.
2. Es autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución de libertad vigilada transmitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, el Juez Central de lo Penal.
a) La prohibición de entrar o aproximarse a determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta.
one. El Juez Central de lo Penal aplazará el reconocimiento de la resolución condenatoria cuando el certificado que le haya remitido la autoridad competente del Estado de emisión esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la resolución que debe ejecutarse.